La sustracción internacional de menores puede resultar en un impacto negativo en la relación y el bienestar emocional del menor y de los progenitores afectados, así como en la posibilidad de retener al menor de forma ilegal y sin el debido proceso legal. En estos casos, se requiere la intervención de la justicia internacional y la colaboración de los países involucrados para solucionar el conflicto y garantizar el regreso del menor a su residencia habitual. La sustracción internacional de menores es considerada un delito y está tipificada en la Convención de La Haya de 1980 sobre la sustracción de menores y en la legislación nacional de cada país.
Pena asociada a la sustraccion de menores
En el Código Penal español, la sustracción internacional de menores es considerada un delito y está prevista en el artículo 189.4 con penas que pueden variar desde los 6 meses hasta los 4 años de prisión. La pena se agrava si el secuestro se produce mediante violencia o intimidación, si el menor se encuentra en peligro o si se obstaculiza la comunicación entre el menor y el progenitor no custodio.
Además, la sustracción internacional de menores también puede dar lugar a otras consecuencias legales, como la aplicación de medidas de protección por parte de la autoridad judicial, la resolución de conflictos de derechos de custodia a través de procedimientos internacionales y la eventual restitución del menor al progenitor legítimo.
En resumen, la sustracción internacional de menores es un delito serio y graves consecuencias legales, por lo que es importante abordarlo con la debida atención y tomar las medidas necesarias para proteger los derechos de los menores y de los progenitores involucrados.